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La Fiscalía investiga a 29 ex altos cargos de Gallardón por el primer expolio del Canal

Anticorrupción va definiendo la identidad y participación de todos los exmiembros del Gobierno y exdirectivos del Canal que participaron en la compra de la colombiana Inassa en 2001.

La Fiscalía Anticorrupción va definiendo poco a poco la investigación abierta contra el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso Lezo. Bajo su mandato, el Gobierno regional ordenó al Canal de Isabel II iniciar su primera aventura empresarial al otro lado del Atlántico, que se fraguó con la compra de la empresa colombiana Inassa a finales de 2001. Una operación que, según el ministerio público, pudo generar una “ilícita plusvalía de 66 millones de euros a costa del erario de la Comunidad de Madrid”. Desde el principio, los investigadores han tenido claro que sus pesquisas debían dirigirse a determinar la identidad de los directivos de varias empresas públicas y mixtas que participaron en esta adquisición y que “adoptaron las presuntas decisiones ilícitas”.

No solo su identidad, también su grado de participación y responsabilidad en estos hechos. Según ha podido saber El Confidencial, la Fiscalía ya ha identificado a una treintena de ex altos cargos y exdirectivos que formaron parte del Ejecutivo de Gallardón y que aprobaron la compra de Inassa. Se trata de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que en noviembre de 2001 votaron a favor; y los miembros de los consejos de administración de Canal de Isabel II y de Canal Extensia (esta última, la sociedad que se creó para oficializar la compra) que intervinieron en la adquisición investigada.

En el primer bloque, aparte de Ruiz-Gallardón, había 11 consejeros. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. En el consejo del Canal había 17 nombres, aunque dos repiten como consejeros (Pedro Calvo y Juan Bravo). Los otros 15 son Ignacio López-Galiacho, Juan Manuel del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Francisco Granados (imputado en Punica), José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Rafael Merino López, Roberto Molero, Andrés Muñoz, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz, Arturo Canalda (hoy presidente de la Cámara de Cuentas) y Ángel Varona (ya imputado en Lezo).

En el año 2001, los administradores de Canal Extensia eran Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Adrián Martín López- Huertas (ya imputado en Lezo), Arturo Canalda González y Salvador Cardona Aucejo. Una de las figuras clave es Gaspar Cienfuegos, que fue director económico y de desarrollo comercial del Canal. La Fiscalía está determinando la identidad de directivos de otras dos empresas que también tuvieron su participación en esta operación: Técnicas Valencianas del Agua SA (Tecvasa), socio comprador de Inassa junto a Canal Extensia, y Aguas de Barcelona (Agbar), una de las firmas vendedoras. Aquí aparece otra figura que el ministerio público considera clave: Francisco Olmos Fernández Corujedo.

La Fiscalía estudia pedir la citación como investigados de todos ellos ante el juez instructor del caso, aunque está delimitando las funciones concretas de cada uno con la ayuda de la Intervención General del Estado. El ministerio público trabaja en dos líneas de actuación: constatar que los trámites administrativos de la compra fueron irregulares, y averiguar si hubo desvío de fondos públicos. “El uso instrumental de sociedades radicadas en un paraíso fiscal solo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”, señala la Fiscalía. No hay fecha para fijar las citaciones, aunque esta pieza del caso Lezo (hay seis) es una de las más avanzadas. También se ha de decidir si las citaciones se producirán en varias tandas.

Una operación en paraísos fiscales

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

SAA, el reciente dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España: el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Ambas decidieron crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración del Canal acordó la compra de Inassa, y ese mismo día se decidió también que se hiciera a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, había ratificado toda la operación el 29 de noviembre.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Las arcas públicas han estado pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de Inassa.

Los investigadores ya saben que Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue disuelta el 21 de febrero de 2002, “circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a Canal Extensia”. Entre los directivos de SAA están Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes, Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, “todos ellos miembros del despacho de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado”.

Font: El Confidencial

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