Los excesivos niveles de cal y el elevado precio del servicio lleva varios años provocando las quejas de los vecinos, que se incrementaron en la última legislatura. La dureza del agua alcanzó en abril los 65-75 ºF por una avería. Además, en 2014 se produjo un incremento en las facturas de los ciudadanos que ronó los dos euros al trimestre.
La propuesta del concejal de Ciclo del Agua, Ramón López, pasa porque el Ayuntamiento recupere el servicio. Se trataría de un proceso de «remunicipalización» recogido en un documento mundial denominado Pacto Social del Agua, al que se suscribirá el ayuntamiento próximamente. El consistorio también aceptó la adhesión a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). «Nos darán asesoramiento y soporte legal y técnico para ver qué podemos hacer en nuestro empeño de recuperar el servicio», dijo López.
La propuesta fue apoyada por todos los partidos de izquierdas que impulsaron a la alcaldía a Sofía Ciércoles (Ganar-IU). El representante de Asamblea Abierta, Andrés Cucalón, recordó que hay que «ser realistas». «Es muy complicado rescindir un contrato. Pero lo que sí debemos hacer como Ayuntamiento es dar un golpe encima de la mesa y no permitir a la concesionaria llevar la gestión como le de la gana», señaló con contundencia. En la misma línea se manifestó el edil de CHA, Marco Negredo. «Será difícil pero hemos de remar todos en la misma dirección», detalló.
La alcaldesa defendió la gestión hecha durante el mandato de IU, desde 1999. «Nunca hemos estado de acuerdo con la gestión del agua y no vamos a permitir que se nos acuse de dejadez porque no es así», recalcó.
La edil del PP, Silvia Quílez, recordó que en 2009 se aprobó una prórroga con Aragonesa de Servicios Públicos hasta 2021 pese a que el contrato no terminaba hasta 2013. «El Partido Popular fue el único que votó en contra porque queríamos esperar a 2013. Entonces sí que se hubiese podido emprender otro camino o renegociar un nuevo contrato», lamentó. Tanto Quílez como la portavoz del PAR, Esther Peirat consideraron muy «complicado» rescindir el contrato. «Aunque sí creemos en que es necesario auditar y controlar mejor a la empresa», manifestó Peirat.
La sesión también acordó formar el Consejo Económico y Social, cuyo reglamento, propuesto por Asamblea, ya es público para atender modificaciones y sugerencias. En este nuevo foro estarán representandos agentes políticos, sociales y empresariales del municipio.

Ayuda a los refugiados
En el pleno celebrado el miércoles en Andorra, todos los grupos aprobaron por unanimidad una declaración institucional para la Coordinación Municipal de Ayuda al refugiado. En la misma línea, se aprobó una modificación del presupuesto para destinar 10.000 euros al asilo a las personas que lleguen a la Villa Minera, a quienes también se les van a ofrecer plazas en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca tras una propuesta de Cucalón.
Por otra parte, el pleno votó al nuevo Juez de Paz de la localidad y a su suplente. Ocuparán estos cargos Plácido González y María José Quintana, respectivamente.

Font: La Comarca