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Entrevista a Joan Gaya: “El agua sale más cara cuando se privatiza”

Reproduïm a continuació l’entrevista realitzada a l’enginyer industrial i expert en gestió de l’aigua Joan Gaya, publicada al mitjà Alternativas Económicas

En el Parc del Migdia de Girona, el ingeniero industrial Joan Gaya, que tras 40 años de trabajo en los servicios públicos locales se ha convertido en un peso pesado en materia de agua y residuos, nos habla de uno de los negocios más envueltos en batallas empresariales, feroces o sutiles. Una charca de historias truculentas, especialmente en Catalunya. Las ha estudiado a fondo en “Barcelona i l’aigua”.

¿Por qué la actual tendencia a la remunicipalización del agua tras años de privatizaciones en nombre de la eficiencia?
Lo de la eficiencia es un mito. Nadie ha probado nunca que privatizar los servicios del agua sea más eficiente. El agua sale más cara cuando se privatiza.

Un operador privado le dirá que el agua suele costar más de lo que se le cobra a la gente, que el municipio subvenciona el precio, y que cuando se privatiza se pone el precio que toca…
El coste del servicio, a priori, es el mismo, pero psicológicamente puede que no lo parezca. Hay varios factores que tener en cuenta. El primero se lo cuento con la teoría del taxista: estás en paro, te toca la Primitiva y decides comprarte un coche y ganarte la vida como taxista. Ganas para comer, para la casa, para pagar el seguro… y en diez años estás en el paro otra vez. Porque el coche está viejo y debes comprar otro nuevo. ¡Hay que hacer colchón! Debemos tener en cuenta lo que llamamos amortización. Eso significa que hay que invertir en las infraestructuras, en el servicio. Se requiere una partida para ello. Otra variable que considerar: el privado vendrá y añadirá una nueva partida extra, que es el beneficio que se lleva. Si eres público, el dinero puedes revertirlo en mejoras para la ciudad. O no. Puedes ir a coste. O perder dinero y tienes que recurrir a los presupuestos municipales.

Muchos ayuntamientos recurrieron a la privatización porque se les hundieron los ingresos ligados a la construcción.

Si lo hacen por dinero, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? No hace falta que digan que la gestión privada es mejor. Que digan que la gestión de un servicio complejo no les interesa, que privatizar es más cómodo para ellos. Aparte del dinero, ¿cuántos alcaldes entienden de agua? Como mucho, les interesa la tarifa porque se ponen colorados cuando sube.

La Comisión Europea está por el agua privada. Se ha visto en países intervenidos como Portugal o Grecia.
La Unión Europea ha impuesto que las administraciones públicas reduzcan déficit. Y si para reducir déficit deben vender lo que sea, pues que se lo vendan. No es que hayan impuesto la privatización del agua. Estamos envueltos de ideología, y en la Unión Europea pesan lobbies privados muy potentes.

Aun así, la multiplicación de casos de recuperación del control público es revelador, sobre todo en Francia.
Es cierto, y en muchos casos se ha presentado como una opción de izquierdas, pero no ha sido así en todos los casos. En Francia, los ayuntamientos fueron obligados por ley (Ley Sapin, 2001) a convocar concursos para adjudicar servicios. Hasta entonces, lo hacían a dedo. Muchos no sabían cómo hacerlo y decidieron municipalizar, también alcaldes conservadores.

Pero el caso de París sí es paradigmático, o el de Berlín.
El ex alcalde Bertrand Delanoë pasó un mandato entero recopilando información después de haber anunciado que recuperaría el servicio. Para recuperar la gestión tienes que tener la información. Recuperar la gestión del agua sin tener información estratégica es un avispero. La mayoría de abonados tiene domiciliación bancaria. ¿Y si no tienes esos datos? ¿Y si no tienes las últimas lecturas del contador? ¿Y si no tienes plano de la red y se produce una avería? La empresa privada que gestiona hasta la remunicipalización suele irse enfadada, no lo pone fácil.

En muchas localidades se ha optado por partenariados público-privados. ¿La parte privada no da acceso a la información?
En teoría, sí. Se la dan a la parte pública si ésta la pide, pero es generalizado que no lo haga, porque cuando un ayuntamiento opta por la privatización de la gestión significa que opta por la comodidad y no da importancia a la información. Las relaciones con el contratista suelen basarse en la confianza. Uno se convierte en esclavo de la información del otro. En localidades catalanas como Mataró, Reus o Vilanova i la Geltrú, Convergència dijo que privatizaría la gestión del agua. Pero no lo ha hecho porque ha descubierto la utilidad de tener empresas municipales, ha comprendido que tenía un instrumento potente, un cuerpo técnico formado que permite ahorrar dinero.

¿No hay forma de saber si el coste que dice el operador privado es real?

La forma de tener información es convocar un concurso. Fíjese, hoy, en la era de Internet, es posible, aunque no fácil, organizar mercados virtuales. Abrir concursos y saber qué ofrece cada empresa. Soy partidario de la gestión pública, y la base de la gestión pública es la información. Quién tiene la información estratégica y quién, con esa información, toma las decisiones estratégicas. Quién tiene la red, el servicio, la ciudad en la cabeza. La gestión pública es compatible con que un ayuntamiento contrate a empresas privadas para que se encarguen de la actividad cotidiana. Pero en general, en este país, los ayuntamientos prefieren desentenderse del servicio del agua.

¿Influye la titularidad de la gestión en los cortes por impago, que han aumentado?

No debería influir. Todo el mundo debería reconocer el derecho al agua y en qué condiciones debe ejercerse. Eso no tiene que ver con el gestor, sino con el reglamento del servicio. El gestor siempre debe ejecutar los cortes conforme a lo que manda la autoridad y que dicta el reglamento aprobado por el Ayuntamiento. El procedimiento para decidir un corte suele estar muy reglamentado, aunque no en todos los municipios. Si no, hay que pedirle cuentas al Ayuntamiento, que es el titular.

¿Algún país es especialmente modélico en materia de gestión del agua?
Es tramposo responder. Podría decir que lo hacen muy bien los países del norte de Europa, pero son ricos y tienen mucha agua. No nos podemos comparar. Tendríamos que haber desarrollado un modelo propio, adaptado a un país mediterráneo, semiárido y con recursos escasos. No lo hemos hecho.

¿Por qué pagan menos por el agua los agricultores, aunque consuman mucha?

Bueno, dicen que no contaminan, lo cual ya sabemos que no es cierto. Y sí, gastan mucha agua. Pero nadie ha tenido ganas de enfrentarse a los sindicatos de agricultores. Los payeses no pagan mucho ni en España ni, menos aún, en Francia. La Unión Europea surgió en los cincuenta, en una Europa todavía empobrecida de la posguerra. Había que proteger la agricultura y en eso estamos.

Hoy son ya mayoría los municipios de peso con el agua privatizada en España
La tendencia en los últimos años ha sido esa. Entre 2008 y 2012, se ha pasado del 33% al 36% de gestión privada. También se ha incrementado el número de empresas mixtas, con un funcionamiento similar al de las privadas. Sumando ambos, rondan el 50% de la población abastecida. Hay excepciones. Poblaciones importantes como Sevilla, Málaga, Bilbao… muchas diputaciones provinciales en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha están por la gestión pública. Y tenemos la excepción de Madrid.

Madrid estuvo a punto de privatizar el Canal Isabel II.

No lo hizo porque en aquel momento no había alegría financiera para poder obtener el dinero esperado.

¿Por qué ha escrito un libro como Barcelona i l’aigua?

Soy ingeniero, y un ciudadano comprometido. Decidí aprovechar décadas de actividad en un sector en el que al principio no había tantos profesionales y que me dieron múltiples contactos para intentar esclarecer algunos misterios en relación con el abastecimiento de agua en Barcelona. Me facilitaron toda clase de documentos públicos. Por eso digo que la responsabilidad es mía, pero es un libro coral. Ya tenía claro que era un asunto delicado y que nadie tenía ganas de hablar sobre el fondo de las cosas.

¿Por qué en Barcelona, donde Agbar gestiona la distribución de la ciudad y el grueso de su área metropolitana, nunca se hizo un concurso público?
Pregunte a quienes no lo han convocado. Es verdad que nunca se ha hecho. La historia se remonta a mediados del siglo XIX. En cada momento de la historia se ha encontrado una razón por la que mantener esta situación excepcional.

Hace dos años, el área metropolitana y Agbar crearon una sociedad mixta (15% pública y 85% privada) que aumenta los compromisos financieros para con la empresa. Pero también le da mayor respaldo jurídico como prestataria del servicio.

Seguramente, desde un punto de vista jurídico, el contrato se ha perfeccionado. Pero la cuestión no es jurídica. La cuestión es si es legítimo que una empresa preste un servicio, una vez más, sin concurso público previo.

Plataformas cívicas como Aigua és vida denunciaron este acuerdo ante la Oficina Antifraude, que archivó la denuncia aunque reconocía…
¿Cómo es posible archivar la denuncia en un escrito donde considera “cuestionable” y lleno de “deficiencias” el procedimiento de saltarse un concurso público? El escrito acusa al área metropolitana -23 municipios, incluida la capital catalana- de estar “excesivamente dispuesta a asumir de forma acrítica” las propuestas de la compañía. Se archiva la denuncia por las “limitaciones” para investigar a fondo. ¿Alguien se ha planteado qué significa interés público en este país? En una economía de mercado, vas a una tienda o a otra, miras lo que hay y eliges según el precio y la calidad. Pero si sólo hay una empresa que lo ofrezca lo llamamos monopolio. Podrías decir: si es caro, no lo compro. Pero el agua es un bien de primera necesidad y se presta en monopolio. No basta con decir: “Estos señores me lo hacen bien” Debes poder saber si otro lo haría mejor.

Cada vez que hablo con alguien de este asunto, sea político, empresario o experto, me pregunto si es neutral.
Es imposible no tomar partido. Es propio de la democracia. Las empresas tienen sus intereses como empresas, pero usted debe interpretar sus intereses como ciudadana.

Pero usted ha asesorado a otra empresa (Acciona), que mantiene un litigio sonado y aún sin resolver con Agbar a resultas de la privatización del agua en alta, la ATLL.
Me consta que Acciona se lo pensó dos veces antes de pedirme un informe sobre la creación de la sociedad mixta entre el área metropolitana de Barcelona y Agbar, porque sabía que yo había sido contrario a la privatización de la ATLL y que soy partidario de la gestión pública del agua. Pero si me plantean que una Administración se ha puesto de acuerdo con un privado sobre un servicio básico y que si tengo algo que decir al respecto, contesto que sí. Así que he cobrado por decir en un informe que está muy mal no convocar un concurso. Porque el titular público debe poder explicar las cosas políticamente. Digan lo que digan jurídicamente, políticamente la entrega a Agbar del servicio es impresentable.

En todos los papeles que ha consultado, ¿ha encontrado alguno que justifique la valoración de los activos aportados por ambas partes que se ha realizado, y que derivan en un 85% del accionariado privado y un 15% público?

No. Sobre precios y valor de activos, pagos por know-how, intereses o cánon. Nada. Hasta que se ha creado esta empresa mixta, Agbar no era concesionaria de un servicio público. Mire, los activos se pueden financiar con aportaciones urbanísticas -el señor que hace una urbanización se encarga de la red de aguas, que se acaban pagando con el dinero de quienes compran los pisos-, o con dinero de Bruselas, o con cofinanciación del Estado. Otro modo es financiar el servicio con créditos, de modo que la empresa privada hace como de banco y se le devuelve el préstamo con lo que el ciudadano paga en la tarifa. Una concesionaria sabe cuánto dinero ha invertido y sabe cuánto le deben en cada momento. Pero como Agbar no era concesionaria, no existen las cuentas sobre qué activos del servicio han sido financiados con subvenciones, o sobre qué parte se ha pagado con cuotas urbanísticas, o qué parte ha pagado Agbar, que sin duda ha puesto también mucho dinero. Ni sobre qué parte se le ha devuelto ya por la vía de la tarifa. Desde el punto de vista mercantil, los activos son de Agbar. Desde la lógica de un servicio público, había que ser más cuidadoso. Y nadie le ha exigido nada.

¿Sospecha de corrupción?
En mi discurso no hablo de corrupción. No sé si la ha habido, pero no es eso lo que me interesa. Me interesa qué sabía cada Administración en cada momento y cada decisión.

¿A qué conclusión ha llegado?

Las administraciones catalana, metropolitana y de Barcelona nunca han estado a la altura. Siempre han hecho un papel extraño. Incluso el Gobierno central. Mire, en 1953, el Ayuntamiento ya dio por bueno que la empresa se había entendido con el Ministerio de Obras Públicas para explotar el agua superficial del Llobregat. Y en 1966, el pleno del Ayuntamiento llegó a un acuerdo por el que se hacía llegar agua del río Ter a Barcelona, pero no consta que este acuerdo fuera validado por el ministerio, como estaba establecido.

AGUA EMBOTELLADA
“Quien haga negocio debe pagar más”
El agua ha sido reconocida como un derecho universal por la ONU, y a la vez es un recurso económico, un factor de producción.
El agua es un recurso económico, de acuerdo, pero singular. Si la viabilidad de un negocio realmente depende de que el dueño pueda o no pagar la tarifa del agua, más vale que cierre. Si un bar dice que le cobran muy cara el agua y que no le sale a cuenta servir cafés, pues que eche la persiana. El agua es un factor de producción.

La factura eléctrica también lo es y provoca quebraderos de cabeza.
Para la energía eléctrica necesitaríamos otra entrevista. Ahora estamos hablando de agua. Además de ser un bien económico singular, quien haga negocio con ella debe pagar su precio. E incluso quien no haga negocio con ella pero gaste más de lo razonable, por ejemplo si tiene una piscina en su casa, pues también debe pagar más.

Empresas como Nestlé han influido en que el agua tiene un precio…
El sistema tarifario está pensado con arte. Es un artificio. El precio no es proporcional al consumo. Al revés, y nunca se paga el coste real. O más o menos. El artificio tarifario permite tanto cubrir costes como cubrir el acceso al agua como derecho universal. Nestlé tal vez no haya pensado mucho en ello. Otra cosa es lo que ocurre en países en desarrollo, donde Nestlé o Coca-Cola venden toda el agua embotellada que quieras. El agua del grifo vale para la ducha o la lavadora, no para beber. Se cocina y bebe agua embotellada. Se ve, por ejemplo, en América Latina. No impera el concepto de servicio público. Claro que no son las empresas, sino las administraciones quienes deberían ocuparse del concepto de servicio público.

“Es terrible el capital público perdido”
¿Qué lección saca de la privatización del servicio de agua en alta en Catalunya, Aigües Ter-Llobregat (ATLL)?

Hace 15 años, la Agencia Catalana del Agua (ACÁ) nació financieramente coja, porque con las guerras previas del agua nadie se atrevía a subir su precio. La ACÁ estaba tan endeudada que nadie le quería prestar dinero, se terminaron las subvenciones europeas y también el drenaje de dinero del área metropolitana al resto de Catalunya que venía de tiempo atrás. La Agencia hizo endeudarse a la empresa ATLL, que se ocupaba de garantizar el suministro en alta. ATLL soportó gastos de compras e inversiones sin que la Generalitat subiera la tarifa. Le fueron cargando obligaciones hasta que reventó. El Gobierno de CiU dijo que la vendía. Y las novias dijeron: “Si no suben las tarifas, no nos interesa”.

Y vaya si las subieron.

En 2012 subieron primero el 70% y luego el 13%. Cuando ATLL estuvo presentable, la vendieron. Pero si hubieran subido tarifas antes, no habría hecho falta privatizar. No estuve de acuerdo con la privatización, pero si había que hacerla, mejor darla al más barato. Y lo era Acciona, que la sigue gestionando porque las objeciones de los tribunales no se han pronunciado sobre el fondo. Pero lo realmente terrible del asunto es todo el capital público de conocimiento que se ha perdido con la privatización de ATLL.

¿Quién es?
Nadó en Lleida, vive en Girona (1945) y se ve “un periférico que ha pisado algunas moquetas”. Joan Gaya, ingeniero industrial, ha sido, además de profesor y asesor de agua de la Federación de Municipios de Catalunya, concejal de Servicios Públicos y Salud Medioambiental por el PSC en Girona y gerente de la entidad asociativa y local Consorcio para la Gestión Integral de Aguas de Catalunya (Congiac). Ya jubilado, y tras 40 años en los servicios públicos, ha escrito Barcelona i l’aigua. Su lectura abre una reflexión sobre el papel de las administraciones en la gestión de un servicio básico.

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