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Investigan el intento de fraude en la mayor privatización del Govern (ATL)

Font: Esteban Urreiztieta @eurreiztieta El Mundo

Anticorrupción cita a los técnicos presionados por Gordó para amañar el contrato del agua en Barcelona

HEMEROTECA: Un ex alto cargo del Govern: “Gordó me llamó y me dijo: ‘Te diré a qué empresas adjudicas'”

La Fiscalía Anticorrupción investiga la privatización del suministro de agua en la ciudad de Barcelona, el mayor proceso de estas características de la historia de la Generalitat, tras tener conocimiento de que Germá Gordó diseñó un plan para trucar la licitación a favor de Aguas de Barcelona (Agbar), principal financiadora de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Sin embargo, y tras la oposición de algunos funcionarios clave, la licitación acabó en manos de Acciona.

El Ministerio Público ha pedido la comparecencia inmediata en la Audiencia Nacional de los principales técnicos responsables de la Agencia Catalana del Aguaque intervinieron en esta licitación, que contemplaba la gestión de lo que se denomina Aigües Ter Llobregat (ATLL). Toda vez que ha acreditado que fueron convocados por la entonces mano derecha de Artur Mas a una reunión secreta en su despacho de la Generalitat durante la primavera de 2012.

 Tal y como relatan a EL MUNDO fuentes presentes en dicha reunión, Gordó, que ocupaba en ese momento el puesto de secretario de Gobierno, comunicó a los técnicos que debían adjudicar el concurso para la gestión del agua en la zona metropolitana de Barcelona a Agbar.

«A la reunión asistimos 8 o 9 funcionarios y se nos dijo que había que hacer lo posible porque ganara esta empresa. Nos dijo que era una empresa catalana y que había que ayudarla», relata a este periódico uno de los técnicos presentes en la reunión en la que se abordó la adjudicación de un servicio que contemplaba un canon de 1.000 millones de euros durante un periodo de 50 años. Asimismo, Gordó le apremió con los plazos para consumar la adjudicación ya que tenía interés en que se aprobara antes del final de ese año. «Todos los funcionarios nos quedamos helados porque no nos esperábamos que nos dijera eso», añade.

La Fiscalía sostiene, en el escrito mediante el que solicita la declaración de los técnicos que participaron en esta adjudicación, que se ha podido «acreditar» hasta el momento «la existencia de una trama delictiva que subyace en la estructura de contratación pública de las Administraciones catalanas, controladas desde el partido CDC». Al tiempo que recalca que «se ha puesto de manifiesto cómo Gordó ha sido durante varios años el contacto (al menos uno de ellos) de los contratistas con la Administración pública catalana y CDC». Un «contacto» que fue llevado a cabo «al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán» y que «ha sido dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenece, objetivos ambos opuestos al bien público». Por ello, y con objeto de «conformar esta función de Gordó», ha solicitado al juez José de la Mata media docena de nuevas testificales, entre las que se encuentras la de los funcionarios vinculados al concurso de la privatización del agua de Barcelona.

Durante el referido encuentro en la Generalitat, añaden las mismas fuentes, un alto funcionario presente plantó cara a Gordó y le espetó que si Agbar quería llevarse el concurso debía «presentar la mejor oferta» y cumplir escrupulosamente con los pliegos de la licitación. De tal forma que la reunión concluyó sin que el hombre de confianza de Mas consiguiera el compromiso firme de los funcionarios de que torcerían la licitación a favor de la empresa que más aportaciones realizaba a las fundaciones utilizadas por CDC para financiarse de manera irregular. No en vano, el grupo de empresas de Agbar había donado entre 2008 y 2012 a estas entidades instrumentales, entre las que se encontraba la célebre Catdem, más de un millón y medio de euros. Una cifra que suponía más del 15% del total recaudado por CDC mediante esta operativa.

Tras escuchar las instrucciones de Gordó, que insistió una y otra vez en que Agbar debía ser la vencedora de la millonaria licitación, los técnicos se negaron a acatar la orden. De hecho confeccionaron unos pliegos en los que el 70% de los apartados respondían a cuestiones técnicas y, por lo tanto, se reducía al mínimo el margen de discrecionalidad. No obstante, la presión de Gordó para conseguir la victoria de Agbar se materializó también, según sostienen algunos de los intervinientes, a través de Josep Antoni Rosell, investigado en el denominado caso del 3%, y que se sentó en la Mesa de Contratación como máximo responsable de Infraestructuras del Gobierno catalán. Llegando su intervención a provocar que en el apartado correspondiente a la oferta técnica, precisan a este diario los intervinientes, Agbar lograse una puntuación superior a la de Acciona, 20 puntos, frente a los 13 que obtuvo la segunda.

No obstante, el concurso se acabó decantando a favor de Acciona gracias al apartado económico. En este tramo del concurso, Agbar obtuvo 31,09 puntos frente a los 74,73 de Acciona, lo que acabó inclinando definitivamente la balanza en contra de los intereses del hombre de máxima confianza del presidente de la Generalitat. Y es que la oferta de Acciona llevaba aparejado un ahorro para los vecinos de Barcelona de 956 millones durante el plazo de vigencia de la concesión, medio siglo, en comparación con la propuesta de Agbar.

Por lo tanto, Agbar terminó con una puntuación de 51,09 frente a los 87,73 que proclamaron vencedora a Acciona. No obstante, prosigue el relato de los técnicos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, la presión de Gordó no cesó, canalizándose a partir de ese momento a través del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), controlado por él a través de un antiguo colaborador suyo, que llegó a suspender la adjudicación.

Sin embargo, esta suspensión fue levantada finalmente debido a las presiones presupuestarias de la Generalitat, que necesitaba computar en el ejercicio de 2012, a efectos de reducción de déficit, de un primer abono de 300 millones de euros por parte de la ganadora de la licitación. De manera paralela, el Gobierno catalán apuntó contablemente los 1.000 millones de canon correspondientes al plazo total de la concesión.

Pero la OARCC elaboró en tiempo récord un informe en el que concluía la existencia de irregularidades en el procedimiento, sentando las bases para una batalla judicial encabezada por la empresa apadrinada por Gordó. El pasado 20 de febrero y tras 5 años de litigios, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremodecidió revocar la concesión del agua en Barcelona a favor de Acciona tras concluir que, a pesar de que no fructificaron las presiones de Gordó, el proceso administrativo albergó irregularidades y se vulneraron principios básicos de la contratación pública.

Por ello, tanto la CUP como ERC han exigido, a raíz del fallo judicial, que el servicio del agua vuelva a manos de la Generalitat. El PSC reclamó que los ciudadanos de Barcelona no tengan que pagar «la chapuza» del Gobierno de Mas y solicitó que se depuren responsabilidades. Torra ya ha anunciado que el servicio del agua de Barcelona pasará de nuevo a manos de la Generalitat como muy tarde en enero de 2019.

Pero todo ello abre un nuevo escenario en el que Acciona reclamará una cantidad multimillonaria para que se le compense por las inversiones realizadas y por el denominado lucro cesante.

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