Las licitaciones de infraestructuras de agua realizadas por la anterior Administración entre 2008 y 2012 han experimentado un sobrecoste medio del 29,8 por ciento, más de 1.500 millones de euros

El escándalo de los sobrecostes del AVE entre Madrid y Barcelona -un 31 por ciento de incremento sobre el presupuesto inicialha vuelto a poner de actualidad la laxitud con que las administraciones públicas han actuado a la hora de admitir caras modificaciones en las obras adjudicadas. De acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento, los costes finales de sus licitaciones han superado las cuantías firmadas en los contratos originales en un 10 por ciento. Ese porcentaje, que se traduce en 10.000 millones de euros, resulta pequeño en comparación a los desvíos registrados por las diferentes Administraciones públicas en sus licitaciones de infraestructuras hidráulicas.

Un informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrma) ha evaluado 1.237 expedientes de contratación correspondientes al período comprendido entre 2004 y el primer trimestre de 2013, y todos, absolutamente todos, registran desviaciones: el sobrecoste medio es del 29,82 por ciento, tres veces más que las adjudicaciones de Fomento.

El informe, además de las actuaciones de la Dirección General del Agua, analiza las de las confederaciones hidrográficas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y las sociedades estatales del agua. El presupuesto total de adjudicación de los expedientes analizados era de 5.134 millones de euros, pero la factura final ha subido hasta los 6.665 millones de euros, es decir, el sobrecoste ha sido de 1.531 millones de euros.

El secretario de estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, valoraba así los datos durante una intervención ante una Comisión parlamentaria: ¿Cuando esta situación se convierte en costumbre (…) estamos consintiendo un ataque sistemático a la línea de flotación de los principios que deben regir la contratación pública”.

Dirección General del Agua: desvíos medios del 70%

Las desviaciones económicas de las licitaciones de la Dirección General del Agua, principal departamento contratante del Magrama, destacan sobre los excesos de todas las demás administraciones públicas: los 209 expedientes que se han analizado arrojan un incremento medio del 69,8 por ciento de la factura final.

Un error tan grande sobre las estimaciones originales responde en parte a la tipología de las obras, puesto que la mayoría son infraestructuras de regulación, como la presa de Yesa -incremento del 145 por cientoo la presa de Enciso -aumento del 160 por ciento. ¿Sin embargo, esto no obsta para que se hayan producido sobrecostes importantes en el período analizado y en otro tipo de actuaciones”, según las palabras de Ramos.

En el caso de los organismos autonómicos y sociedades estatales, el porcentaje medio de desviación se sitúa en el 20 por ciento, aunque hay ejemplos muy superiores, como el de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cuyos 24 expedientes analizados alcanzan un máximo del 68,9 por ciento de coste extra. En estos datos tiene mucho peso la tubería de la llanura manchega, con un aumento del 83 por ciento sobre lo presupuestado originalmente.

Ofertas bajas para ganar los concursos

El origen de la situación está en la práctica de las empresas de ofertar un precio por debajo del real para ganar el concurso público, ¿porque en un contexto de relajación de la Administración -sostiene Ramoslas empresas dan por hecho que más tarde un modificado o un complementario permitirá compensar la rebaja ofrecida”.

El hecho de que se produzca un modificado de obra conlleva, en la mayoría de las ocasiones, un aumento en el plazo de ejecución. Y este retraso exige prorrogar los contratos de asistencia técnica asociados, algo que llega a duplicar el importe inicialmente previsto.

La Administración lleva tiempo intentando atajar el problema. El pasado mes de enero, Fomento redujo a la mitad la posibilidad que tenían las empresas de presentar ofertas muy bajas. Si antes se consideraba que una propuesta era ¿temeraria” y era consecuentemente descalificada al estar 10 puntos por debajo de la media de las ofertas -le ocurría aproximadamente a una de cada cinco-, ahora el umbral de descalificación está cinco puntos por debajo de dicha media.

En las licitaciones del Magrama se ha producido un cambio radical tras la llegada del PP al Gobierno y la implantación de las medidas de austeridad: no se ha aprobado ninguna obra complementaria y únicamente se han admitido 22 modificados, con un importe de 2,29 millones de euros, lo que supone un incremento de sólo el 1,33 por ciento sobre los precios de adjudicación.

Adicionalmente, en mayo de 2012 se distribuyó una instrucción para racionalizar el gasto en la Dirección General del Agua yen febrero de 2013 se remitió a las sociedades estatales del agua unas nuevas instrucciones de contratación con el fin cumplir mejor con los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

Font: El economista