El nuevo informe que maneja la juez Pilar de Lara cifra en 178.705 euros la cuantía abonada por Agbar para pagar favores políticos

Manuel Pecharromán, Joaquín Fernández, Agustín Iglesias Caunedo y Cristina García Montes, en su viaje a Nueva York. / E. C.

Nuevo giro en las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en relación con el denominado ‘caso Pokemon’. Un nuevo informe de Vigilancia Aduanera remitido hace unas semanas a la jueza Pilar de Lara que investiga esta presunta trama de corrupción política vinculada a tratos de favor a las empresas Aquagest y Asturagua, del grupo Agbar, y que ya salpica a numerosos políticos del Principado, recoge pagos realizados por la compañía de gestión de aguas a diferentes autoridades políticas y funcionarios que ascienden a 178.705 euros.

Concretamente, en el desglose aparecen tres pagos del mismo importe (5.006 euros, exactamente) para el exalcalde de Oviedo, el popular Agustín Iglesias Caunedo; el exconcejal del PP de Gijón Manuel Pecharromán y la ovetense y también militante del PP Cristina García Montes. Los dos primeros ya están siendo investigados por la magistrada gijonesa en relación con los viajes a Nueva York, Florida y Croacia que realizaron en 2009 en compañía de Joaquín Fernández, considerado el ‘conseguidor’ de la trama, puesto que la investigación considera que estas vacaciones fueron sufragadas por Aquagest para gratificar supuestos favores políticos, algo que negaron ante la juez sus protagonistas. Cristina García Montes también declaró ya ante la magistrada, aunque en su caso en calidad de testigo, por su presencia en el viaje a Nueva York. Los tres mantienen que pagaron en metálico los gastos de los diferentes viajes en los que participaron a Joaquín Fernández, quien se ocupó de gestionarlos.

El mayor de los importes recogidos en el nuevo informe de Vigilancia Aduanera -al que ha tenido acceso la Rtpa y en el que se recogen pagos de prestaciones de servicios facturados y facilitados por diferentes agencias de viajes en las que fueron contratados- figura como ‘Viaje Florida / Grupo Caunedo’ y se eleva a 7.635,98 euros. Del mismo modo, también aparecen otra serie de pagos a nombre de los alcaldes de Tineo y Colunga, los socialistas José Ramón Feito y Rogelio Pando, respectivamente, además del que fuese concejal del PP en Nava, José María Osoro.

Tanto Feito como Osoro, además del alcalde de Coaña, Salvador Méndez y la teniente de alcalde de este municipio, Rosana González, están precisamente llamados a declarar el próximo 27 de febrero en calidad de investigados. Feito está citado como investigado por cohecho; Méndez y González, por cohecho y tráfico de influencias, y Osoro, por tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.

La jueza señaló en la misma providencia que existía un informe de Vigilancia Aduanera cuyo contenido «constata la realización de viajes pagados por Aguas de Barcelona tanto a Rogelio Pando Valle, alcalde de Colunga, como a Esther Freile Fernández (su esposa), teniendo en cuenta la existencia de un informe del Tribunal de Cuentas donde podrían detectarse ciertas irregularidades, así como de un informe del interventor del Ayuntamiento». Por ello, la jueza ordena que Vigilancia Aduanera «complete la investigación mediante examen del contrato o adjudicación o renovación del servicio, solicitando cuantas propuestas de actuación se consideren oportunas».

Sin llamar, por el momento, a nadie más a declarar, la jueza también abre investigación a otros concejos, como Castropol, Ribadedeva, Cangas del Narcea, Pravia, Gozón, al PP de San Martín del Rey Aurelio y a varias empresas, como Construcciones y Contratas Covami XXI S.L. y Gráficas Naranco. Y amplía el informe sobre los servicios prestados por Aquagest a Agustín Iglesias Caunedo y Manuel Pecharromán.

Font: El Confidencial