Aigües Ter Llobregat: la sentencia

Recientemente se ha conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha ordenado devolver, a los adjudicatarios para gestionar la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL), la cantidad de 304 millones de euros por la anulación del contrato de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.

Me parece necesario contextualizar esa información para una mejor comprensión de su significado.

La privatización de la gestión de la empresa pública ATLL que suministra agua a la región metropolitana de Barcelona fue consecuencia de su descapitalización previa. En los años previos, el ACA estaba en situación de quiebra técnica y muchas de sus obligaciones de inversión se trasladaron a ATLL sin dotarla de un marco tarifario adecuado para afrontar las amortizaciones financieras derivadas de esa imposición que iba más allá de sus funciones. El consejero Baltasar se negó rotundamente a equilibrar sus cuentas y puso a los pies de los caballos una empresa pública hasta entonces solvente y bien gestionada.

La crisis financiera del ACA y el contagio de ATLL eran obvios. Paradójicamente, el ACA exploró una salida que no consideraba explícitamente el problema, pues en 2008 encargó un Informe sobre la viabilidad jurídica de un Convenio de Explotación Coordinada en el Sistema Ter Llobregat al abogado Esteve Alemany, por entonces socio de Uría Menéndez y más tarde secretario del Consejo de Administración de Aigües de Barcelona, S.A.

Se trataba de analizar la compatibilidad de ese Convenio con la legislación de contratos del sector público, el régimen jurídico aplicable y, en especial, la viabilidad de un acuerdo que obviase la licitación pública en base a dos argumentos:

• La atribución de facultades de intervención a ATLL que pudieran justificar la excepción.
• El reconocimiento de la idoneidad del operador privado seleccionado para la firma del convenio.

La versión más institucional de ese acuerdo se denominó Proyecto ITACA. Era una propuesta de colaboración público-privada para la gestión integral del ciclo del agua que integraba el ámbito metropolitano (AMB), ATLL i la propia AGBAR. La participación propuesta era del 80% AGBAR, 10% ATLL i 10% AMB.

De esa propuesta, es bien sabido que se materializó la empresa mixta metropolitana, pero ATLL no se integró en ella.

En paralelo, la crisis económica se cebó en el presupuesto de la Generalitat, que se vio en la necesidad de reducir su déficit el año 2012. La licitación de ATLL fue, pues, obligada por su inviabilidad, y necesaria para rentabilizar su patrimonio. Y como condición para hacer apetecible el concurso anunciado, se elevaron las tarifas de agua en más de un 70% en dos etapas consecutivas durante el año 2012. Es decir, para privatizar se hizo lo que no se quiso hacer para mantener una empresa pública sana.

El detalle está en que la licitación era por 50 años, pero el pago del canon tenía una bajada de bandera del 30%: 298 millones que se debían abonar en el acto de la firma, en los últimos días de diciembre de 2012. Para los años siguientes se preveían anualidades crecientes, que a partir de 2013 y hasta 2018 en que se revirtió la privatización, fueron entre 11 y 17 millones anuales.

El valor total del canon era un derecho reconocido que rebajaba el déficit presupuestario, y los 298 millones eran tesorería fresca que el gobierno necesitaba para pagar las nóminas de diciembre.

El plan de explotación del concesionario preveía la recuperación paulatina del canon y de las inversiones comprometidas a lo largo de los 50 años de concesión, cosa que no pudo ser, pues las prisas de la adjudicación y la mala conciencia institucional revirtieron la situación en 2018 con el Decreto-ley 4/2018, de 17 de julio, por el que se asume la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de las instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat de titularidad de la Generalitat y se crea el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat.

Acciona reclamó 1.064 millones de euros, pero su confianza en obtenerlos fue escasa. Por ello, vendió por 170 millones de euros los derechos de cobro que resultaran del juicio al grupo inversor americano Fortress.

La reciente sentencia falla a favor de Fortress, que obtendrá 304 millones de euros, con un beneficio bruto de 134 por esa operación. En cuanto al contenido de la sentencia es de destacar el desglose de los importes reconocidos:

• 262,8 millones como canon no amortizado, de los que la mayoría corresponden al pago inicial de 298 millones
• 38,2 millones como inversiones realizadas no amortizadas y
• 3,37 millones como costes de licitación y constitución

En mi opinión se trata de una sentencia ajustada y comprensible.

En relación a la Generalitat, y con una perspectiva de 10 años, se trata de un resultado esencialmente neutro desde el punto de vista económico financiero, pues en su momento obtuvo un adelanto de tesorería necesario que ahora deberá retrotraer en la parte correspondiente al canon, y respecto a las inversiones que han quedado como un activo del servicio pagar el importe no amortizado durante el tiempo que duró la concesión.

Finalmente, debo subrayar las recientes declaraciones de la consellera Jordà, que en octubre anunció que el Govern ha decidido congelar las tarifas del agua en alta de la red Ter-Llobregat gestionada por la empresa pública, pese al aumento en los costes asociados al servicio debido a la inflación.

En su momento, de la discutible solución el conseller Mas Cullell obtuvo el resultado apurado que exigía la situación: tesorería y reducción del déficit público. Ahora, no se sabe si la decisión tomada propiciará un nuevo ciclo de crisis en ATL. ¿Es imposible aprender las lecciones de la historia?