El secretario general de la UGT de Siero-Piloña, Julio Carretero, desveló ayer que el Gobierno local está manteniendo conversaciones con al menos tres empresas para llevar a cabo una posible privatización del servicio municipal de agua. El sindicato se opone frontalmente a esa medida «por motivos ideológicos y económicos».

Según expuso Carretero, el servicio de Aguas del Ayuntamiento de Siero cuenta en este momento con 16 trabajadores, todos ellos funcionarios. En el caso de que se privatizara el servicio, esos empleados públicos tendrían derecho a elegir o bien pasar a formar parte de la empresa concesionaria, o bien mantenerse en la plantilla municipal reubicados en otro puesto.

Ante una hipotética privatización, desde la UGT tratarían de convencer a esos trabajadores para que siguieran en el Ayuntamiento. «Si pasaran a depender de una empresa privada, con la actual reforma laboral, no tendrían ninguna defensa seria de sus intereses», subrayó.

Esos funcionarios suponen un coste anual para las arcas municipales de 601.000 euros, sin contar el coste de otro personal indirecto que gestiona las cuestiones relacionadas con el servicio del agua. En consecuencia, si esos empleados municipales optaran por quedarse en el Ayuntamiento, habría que seguir pagando sus nóminas sin tener un cometido definido.

«Pediría al equipo de gobierno y al resto de grupos municipales que antes de empezar a hacer números sobre la gestión externalizada tengan en cuenta ese coste de 601.000 euros anuales que tendrían que asumir», advirtió Carretero, quien está convencido de que la privatización resultaría «deficitaria» y se ofrece a sentarse a hablar con el Gobierno.

Empresas prestamistas

El secretario comarcal comentó también que las empresas interesadas en llevar la gestión del servicio de Aguas suelen actuar también como entidades prestamistas. «Me consta que varias empresas están ofreciendo al Ayuntamiento entre 6 y 12 millones de euros en forma de capital de entrega directa, que terminan siendo reintegrados», aseguró. Y añadió que esos ofrecimientos de dinero líquido suelen realizarse cuando se acerca una cita electoral «para que el gobierno de turno pueda invertirlo en algo que se vea».

Carretero explicó que las concesiones suelen realizarse por un mínimo de 25 años y hasta los 50, de tal manera que se va incrementando de forma progresiva el recibo del agua a los contribuyentes. «En el segundo, tercer o cuarto año, como mucho, los incrementos podrían ser de hasta el 30%», afirmó. Y la experiencia indica que cuando se privatiza un servicio público la decisión suele ser ya irreversible, «porque nadie lo va a asumir después».

Carretero argumentó también motivos «ideológicos» para oponerse a la privatización «por entender que es un bien público de primera necesidad y cuya gestión debería estar siempre en manos públicas».

Ya vivió en el año 2009 -en su etapa de concejal de Siero con Juan José Corrales como alcalde- una experiencia de intento de privatización del servicio de agua y de aquella les ofrecían un adelanto de 20 millones de euros para realizar inversiones en el concejo. Pero la empresa quería incluir una cláusula para que el Ayuntamiento asumiera el posible déficit del servicio.

El secretario comarcal reconoció ayer que desconoce si en esta ocasión se está hablando de una cláusula similar, aunque apuntó que es una práctica bastante común. Sin ir más lejos, en Llanera la empresa Aqualia ha presentado un recurso Contencioso-administrativo para reclamar al Ayuntamiento un desembolso para equilibrar sus cuentas.