Las actuaciones judiciales en Lugo y Avilés destapan un entramado de regalos, ayudas y favores a políticos en Galicia, Asturias y Cantabria.

La organización ofrecía viajes, relojes y vino.

Aquagest, la empresa a la que una juez de Avilés investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales a la hora de quedarse con los servicios de agua privatizados en varios ayuntamientos asturianos, es desde hace una década una experta en jugar con las cartas marcadas en los concursos públicos para la adjudicación de contratos. Son sus prácticas de comprar favores políticos en media Galicia mediante regalos las que, un tomo tras otro, llenan las investigaciones de otra magistrada, la asturiana Pilar de Lara, quien desde su juzgado de Lugo ha tirado del hilo de una trama investigada en dos sumarios distintos: Pokemon, el más genérico, y Pikachu, centrado en la ramificación coruñesa. Cualquier forma de agradar a responsables públicos era buena para sus directivos: patrocinios a equipos deportivos en dificultades, vista gorda ante infractores que se enganchaban a la red de aguas sin pagar o detalles como los lujosos fines de semana en el balneario de Las Caldas que ahora están en el punto de mira de la juez avilesina, relojes de oro a 6.000 euros la unidad, jamones y botellas de vino. Hace meses que se sabía que el presidente del PP de la ciudad, Joaquín Aréstegui, y su esposa, la concejala popular Carmen Vega, disfrutaron de uno. No fue un detalle aislado para alguien especial. Ahora se sabe que el director general de Administraciones Públicas del Principado, el presidente de Cantabria y su consejero de Infraestructuras también fueron agasajados con cenas, habitaciones especiales, masajes y desayunos a 610 euros la noche.

Desde principios de siglo, las administraciones españolas contrajeron la fiebre de privatizar a la carrera los venerables servicios de aguas de titularidad pública –gestionados por ayuntamientos y, en algunos casos, diputaciones— que llevan más de un siglo asegurando y garantizando la calidad del líquido que sale de los grifos en los hogares. La crisis, con su secuela de administraciones voraces de efectivo, ha acelerado la tendencia, pero los plenos de Langreo, por citar un caso en Asturias, ya se inflamaban en 2004 y 2005 al hacerse públicos los primeros planes municipales para dejar la gestión en manos privadas. Desde el principio, las asociaciones ecologistas se mostraron en contra e Izquierda Unida también se opuso en todos los concejos donde se debatió la medida.

De Barcelona al Noroeste

Mientras, Aquagest, una filial de Aguas de Barcelona (Agbar), hoy contralada por el grupo francés Suez y La Caixa, emprendía su expansión por España. Galicia, donde ahora se concentra el grueso del escándalo, y Asturias, donde empezaba a poner sus miras, quedaron bajo el mando del director territorial, Henry Laiño. Su nombre ha saltado con regularidad a los titulares desde que la juez De Lara empezó a desenredar el ovillo de Pokemon. Ya conoce qué son las detenciones y los interrogatorios. Ahora, la instructora de Avilés ha pedido una vez más a la Policía que lo busque.

Una de las grabaciones realizadas a Laiño por orden judicial lo mostraba quejándose de las trabas del secretario del Ayuntamiento de Santiago de Compostela a un contrato que ya creía tener cerrado con el exalcalde (imputado y dimitido), Gerardo Roa Conde. En otra, se jactaba de tener controlada la provincia de Ourense gracias a sus contactos con un asesor del polémico y jubilado presidente de la Diputación, José Luis Baltar. En el caso de Santiago, Aquagest había desembolsado más de 120.000 euros para sacar de la ruina a los equipos de baloncesto y fútbol sala de la ciudad. La empresa, además, hizo una favor personal a Paula Prado, portavoz del PP y diputada, que pidió y consiguió que le restableciera el suministro a una amiga a la que se lo había cortado por engancharse a la red de manera ilegal y sin contador. En Ourense, el alcalde dimitió tras publicarse que recibía de la trama 2.000 euros al mes en un sobre.

Mal servicio y agua contaminada

Aquagest, además, hizo buenos los pronósticos de quienes vaticinaron que las privatizaciones serían perjudiciales para los ciudadanos. En Santiago presionó a favor de una subida de la tarifa. Pero en ningún lugar quedó tan en evidencia como en el municipio de Punxín (Ourense), de 700 habitantes, mucho más pequeño y alejado de la atención de la opinión pública. Allí no solo subió el precio para cubrir unos costes que se triplicaron con respecto al último año de gestión municipal. Antes de eso ya se había registrado un trasiego de caras asesorías para elaborar los informes que aconsejaban la privatización, y después la calidad cayó en picado. Dos informes elaborados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y el Servicio de Vigilancia Aduanera a instancias de la juez De Lara acusaban a la empresa de un delito contra la salud pública por proporcionar a sabiendas a la población agua contaminada por una altísima presencia de arsénico, un agente cancerígeno. El tóxico había llegado a un pozo de forma natural, pero la empresa siguió usándolo y no hizo nada por depurarlo hasta que las primeras informaciones llegaron a la prensa. El Seprona, además, considera que usó una sustancia potabilizadora cuyo uso está prohibido en agua destinada al consumo humano.

Por lo que se sabe hasta ahora de la hijuela asturiana de Pokemon, el hombre de la trama en Asturias –el mismo se definía como “un abrelatas político”— era el vicesecretario de Comunicación del PP asturiano y presidente de la junta local del partido en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández. Cuando fue detenido en una de las redadas, en su casa de El Franco aparecieron 800.000 euros en metálico procedentes de actividades ilícitas, según él mismo reconoció. La investigación parte de la ampliación de las piscinas de Corvera, donde está imputado el exalcalde Luis Belarmino Moro y han aparecido facturas falsas para justificar pagos cercanos al medio millón de euros en la ampliación. La caída de Fernández significó también el cese del exalcalde de Pravia Juan Carlos Guerrero, reconvertido en asesor de otro alcalde popular: el de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

Repercusiones políticas

El balneario de Las Caldas viene a ser uno de los escenarios donde confluyen los hilos de la trama. La juez quiere saber qué cargos ocupaban y qué responsabilidades tenían cuatro cargos públicos en las fechas en las que Aquagest decidió ser generosa con ellos e invitarles a un fin de semana por todo lo alto a un paso de Oviedo: Rebeca Álvarez (exconcejala del PP en El Franco y exdiputada autonómica), José Balmori, (exconcejal del PSOE y teniente de alcalde de Llanes y actual director general de Administraciones Públicas del Gobierno de Asturias),  e Ignacio Diego y Francisco Javier Rodríguez Argüeso (presidente y consejero de Obras Públicas de Cantabria). Y también hay constancia de la visita de un alto cargo murciano.

En el PP asturiano, el caso se ha manejado con poca intensidad política. Aréstegui y Fernández salieron tocados de la fractura de Francisco Álvarez-Cascos. El encargado de Comunicación se ocupó de la fallido intento de Isabel Pérez-Espinosa de alcanzar la presidencia del Principado en 2011. Por entonces, la candidata, el propio Fernández, el concejal (y hoy alcalde) de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo y la actual presidentea de Hunosa, Teresa Mallada, formaban un grupo alrededor del que parecía pivotar el relevo generacional. Después del varapalo, el regreso a la primera línea de Mercedes Fernández encaminó al partido en otra dirección. Pero incluso la presidenta regional del PP se ha visto salpicada por la fuga de agua. Se entrevistó con responsables de Aquagest para intentar buscarle trabajo a su hermano, abogado en paro. Fernández asegura que no conoce a los dirigente de la empresa y que sus contactos con ella acabaron allí.

Del destino judicial de unas causas tan complejas solo se sabrá con certeza con el paso del tiempo. Lo que sí está claro es que Aquagest y su principal competidora en las contratas del agua, Aqualia (parte del grupo FCC), han encontrado un filón en la gestión del agua que beben los españoles. De la segunda se calcula que ha conseguido licencias por valor de 1.100 millones de euros.

Font: Asturias24.