Notícia – Aigua és Vida denuncia a Agbar por dar servicio sin contrato
Font: La Vanguardia
La plataforma asegura que en dos años se han iniciado procesos para cortar el agua a 65.000 familias
Cinco entidades cívicas han presentado una denuncia al Fiscal Anticorrupción en el que se acusa a la empresa Agbar, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Entidad Metropolitana de Barcelona de presuntos delitos penales relacionados con el hecho de que el suministro de agua en el área de Barcelona se efectúa sin un contrato de concesión. La denuncia la ha presentado la plataforma Aigua és Vida, integrada por la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, Enginyeria sense Fronteres, Attac-Acordem, la Xarxa Nova Cultura de l’Aigua y Ecologistes en Acció. Asimismo, han denunciado el intento de constitución de una sociedad mixta para la gestión del ciclo del agua integrada por la empresa Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Los denunciantes recuerdan que a finales del año 2010, una sentencia judicial estableció que entre Agbar y la Administracion “no hay adjudicación del servicio ni hay contrato”, es decir, que “la actuación de Agbar, en tanto que concesionaria del servicio es una actuación ilegítima”. Tres años después, la situación se mantiene, sin que la Administración haya dado pasos relevantes para corregirla. Este fallo es básico para sostener la acusación de prevaricación (del Ayuntamiento y del Área Metropolitana) y de apropiación indebida (por parte de la empresa).
Las cinco entidades han promovido una campaña para denunciar lo que consideran una falta de interés de las administraciones a la hora de velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y del servicio público del agua. En mayo del 2011 iniciaron una ronda de consultas con los partidos para que se manifestaran sobre la referida sentencia judicial: “Y nos encontramos con contradicciones y desconocimiento”, indicó Albert Recio, de la FAVB. En octubre del 2011, advirtieron que los demás municipios del área de Barcelona (hay 23 servidos por Agbar) se encuentran en la misma situación. “El Ayuntamiento y la Entidad Metropolitana nos contestaron con evasivas y sin que hayamos recibido ninguna documentación acreditativa” de la existencia de contratos.
Sociedad mixta
Ante esta anomalía, la Entidad Metropolitana decidió en julio de 2012 crear una sociedad mixta para que gestionara el servicio de abastecimiento y saneamiento, mediante el cual el 85% de las acciones quedaban en poder de Agbar, lo que fue interpretado tanto por las entidades cívicas como por las demás compañías de suministro de agua como una adjudicación a dedo del servicio.
El Área Metropolitana no ha ratificado el acuerdo pues no ha acudido al notario para registrar la constitución de la empresa mixta, por temor a que haya perjuicios a terceros. De hecho, contra la decisión de crear esta sociedad mixta se presentaron siete recursos, entre ellos, uno de la Generalitat ante el TSJC por invasión de competencias. Este recurso se fundamenta en que el AMB solo gestiona el agua ‘en baja’, es decir, la distribución que se hace dentro de los municipios, mientras que la Generalitat es la responsable del servicio desde el lugar en el que se capta el curso hasta los depósitos de cabecera de las poblaciones, la denominada ‘agua en alta’. Por ahora ha provocado el aplazamiento de la creación del nuevo ente, que estaba prevista para enero.
El portavoz de Aigua és Vida, Eloi Badia, ha criticado la opacidad del proceso y entiende que existen indicios de “prevaricación” por parte del Ayuntamiento de Barcelona y el AMB, y también de apropiación indebida de la empresa Agbar.
400 millones anuales
Según los cálculos de la plataforma, la gestión del agua que ya viene haciendo Agbar en una veintena de municipios del área de Barcelona -asegura que la sociedad mixta sería solo la forma de dar cobertura legal a una realidad preexistente- tendría un coste anual cercano a los 400 millones de euros para la población. Esta cantidad se extrae de los 190 millones de euros que deberían pagarse a Agbar por sus activos -la red de tuberías, por ejemplo, que no está claro en qué porcentaje pertenece a la compañía-, los 150 millones que la empresa tiene de beneficio en Barcelona y otros supuestos 100 millones que podrían llegar a pagarse en concepto de amortización, una suma que “no sería necesaria” abonar en caso de que la gestión del agua fuera pública.
“No sabemos el coste de la gestión del agua” en Barcelona, ha lamentado el portavoz de la Favb Albert Recio, quien ha calificado de regalo a Agbar la creación de la sociedad mixta, por lo que la plataforma ha anunciado además que inicia un proceso de recogida de firmas para acompañar la denuncia de una mayor presión social. Aigua és Vida ha asegurado también que entre 2011 y 2012 se ha triplicado el inicio de procesos de cortes de agua, que según las cifras que manejan -y que no son cortes efectivos del suministro- han alcanzado ya a 65.000 familias en el entorno de Barcelona.
El impago de un vecino destapó el caso
Aigües de Barcelona opera en Barcelona desde finales del siglo XIX, cuando se instalaron los primeros subministros domésticos en la ciudad. La compañía, que cambió de nombre y dueños con la llegada de la República, el Franquismo y la democracia, ha operado y facturado desde entonces el subministro. Sin embargo, a lo largo de más de un siglo, su ‘concesión’ sobre este servicio público no ha quedado reglada ni legitimada por ningún concurso público, ni cuando dependía del Ayuntamiento de Barcelona ni tras el traspaso de esta competencia al Àrea Metropolitana.
Este extraño estatus saltó a la palestra con un juicio por impago a una familia de Trinitat Vella. Agbar reclamaba más de 6.000 euros a David M., que no podía afrontar tal cantidad y que, desorientado, acudió a un abogado de la asociación de familias numerosas barcelonesas. El letrado alegó “ilegitimidad” en la reclamación, a causa de la ausencia de una concesión reglada.
El juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona falló en octubre del 2010 a favor del vecino de Nou Barris, al que eximió de la deuda reclamada y asignó incluso una pequeña indemnización. El caso particular se zanjó al poco tiempo, pero la empresa recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para que la “ilegitimidad” no siente precedente legal. El recurso lleva más de dos años en espera en este tribunal, que acumula mucho retraso por la enorme cantidad de recursos que recibe.
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