El interventor solicita dos meses más para investigar la gestión de Emmasa

El funcionario alega que necesita más tiempo para acabar el trabajo encomendado por el Ayuntamiento en 2014 tras “detectar irregularidades” en la gestión de Sacyr

El interventor de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife), el funcionario municipal Rogelio Padrón, ha solicitado una prórroga de dos meses para poder finalizar la tarea que le encomendó el Ayuntamiento de la capital en diciembre de 2014, una petición que fue ayer aceptada por la Junta de Gobierno Local. El Consistorio, tras detectar “irregularidades” y para comprobar si se había incumplido el contrato que firmó la multinacional Sacyr Vallehermoso en 2006 al asumir la gestión de Emmasa, tal y como lo han denunciado los partidos de la oposición, decidió el año pasado iniciar la intervención de dicha empresa, fijando un plazo de seis meses para que esta se llevase a cabo. El interventor tendría que haber acabado el trabajo y haber entregado los informes correspondientes este mismo mes, pero ha manifestado que necesita más tiempo, según lo explicó ayer a la opinión de tenerife el alcalde, José Manuel Bermúdez.

El regidor nacionalista indica que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital ha decidido estimar la solicitud del interventor porque “en este asunto lo importante no es la rapidez, sino hacer las cosas bien y de manera muy seria”. Por lo tanto, los resultados de este procedimiento de control al que ha sido sometida la gestión de Sacyr Vallehermoso en relación a la empresa del agua no se podrán conocer en junio, tal y como estaba previsto en un principio, sino que habrá que esperar dos meses más. También tendrá que esperar el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que ordenó, a raíz de una denuncia presentada por la formación política Sí se puede en junio del año pasado, una auditoría de las cuentas de Emmasa, “al objeto de determinar el perjuicio real sufrido por esta sociedad en manos de la multinacional Sacyr Vallehermoso”. Sí se puede ha acusado a dicha entidad de un presunto delito societario. La denuncia se basó, entre otros argumentos, “en los daños económicos que está suponiendo para Emmasa la subcontratación de servicios, lo cual está derivando beneficios desorbitados hacia las empresas subcontratadas, que además son de la propia multinacional, en perjuicio de Emmasa”. “Sacyr-Vallehermoso ha subcontratado servicios esenciales, algo que estaba expresamente prohibido en el pliego de condiciones del contrato”, han manifestado los ediles de Sí se puede Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías.

Sanción

Tras la sanción de 450.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a Sacyr Vallehermoso, en mayo de 2013, por subcontrataciones realizadas sin la autorización municipal, se abrió otro expediente requiriendo a la empresa nueva información sobre las subcontrataciones, además de encargar una auditoría de cumplimiento. Una vez analizado el resultado de esta, los servicios administrativos del Consistorio propusieron en julio de 2014 la intervención de la gestión del ciclo del agua en Santa Cruz. El procedimiento se inició en diciembre.

La intervención de Emmasa establecida por el Ayuntamiento daba un plazo de seis meses al funcionario municipal designado para coger las riendas de la gestión del agua y para dar las órdenes correspondientes al contratista con el fin de que corrigiese las irregularidades detectadas. Las irregularidades son, según los informes municipales, las más de un centenar de subcontrataciones realizadas sin permiso municipal y a entidades del grupo; el incumplimiento del plan de inversiones para el municipio; una “deficiente gestión al no basar su actividad en presupuestos ni programas de actuación, lo que complica el control de la misma”; la posible descapitalización de Emmasa, y el supuesto “doble cobro por el know how (técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados como clientes o proveedores)”, a través de la subcontratación con Valoriza de personal directivo.

Pero la intervención de Emmasa no tendrá la fuerza que en un principio pretendía el Consistorio chicharrero, pues un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 admitió, en febrero de este año y de forma parcial, un recurso presentado por Sacyr Vallehermoso contra tal procedimiento. La Justicia ha eliminado la capacidad ejecutiva al interventor de la empresa del agua.

Aún así, tanto el alcalde como el exedil de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, indicaron en su momento que si realmente se descubren incumplimientos e irregularidades, el Ayuntamiento recuperará la gestión pública del agua.

Font: La Opinión