El enfrentamiento entre la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por la gestión del agua puede tener las horas contadas. El consejero de Territorio, Santi Vila, negocia con el Gobierno metropolitano que preside el alcalde Xavier Trias para retirar el recurso que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El litigio tiene el origen en el convenio aprobado por el AMB para crear junto a Agbar una sociedad mixta dominada por la empresa con la que prestar servicio a 23 municipios del área metropolitana.

La Generalitat considera que el convenio “invade competencias” ya que la sociedad asume parte de la gestión del agua en alta —captación y primeras fases del ciclo—, materia exclusiva de la Generalitat.

La retirada del recurso pretende que el AMB redacte un nuevo convenio que respete las competencias de la Generalitat, una modifcación que también puede cambiar otras condiciones económicas. Una de ellas obliga a la sociedad mixta a adquirir activos a Agbar por 196 millones.

El propio consejero admitió a EL PAÍS las negociaciones y aseguró que él se limita a negociar con administraciones y no con Agbar con el objetivo de evitar conflictos. Actualmente la Generalitat está personada en el TSJC con dos recursos. Uno presentado inicialmente por Aguas Ter-Llobregat —cuya gestión fue posteriormente privatizada— y otro iniciado por el gabinete jurídico de la Generalitat.

Suspensión cautelar

El convenio AMB-Agbar ha acabado judicializado con media docena de recursos contenciosos y no se ha ejecutado a la espera de que el juez pueda determinar la suspensión cautelar hasta que haya sentencia. Además de la Generalitat han acudido al alto tribunal empresas privadas y un particular para intentar parar el convenio.

Según este, el AMB pasaría a controlar el 15% de sociedad mixta, mientras el 85% de las acciones serían de Agbar. La falta de un concurso para determinar el convenio es la base de queja de los litigadores, que también aportan como prueba una sentencia de 2010 en la que un juez ponía en duda que Agbar tuviera los contratos para suministrar agua en al menos 21 municipios del área metropolitana. Es por ello que consideran que el convenio, cuyo proceso se inició en pleno mes de agosto, es una treta para “regularizar” el negocio de Agbar, como esta semana han denunciado ante la Fiscalía asociaciones vecinales y ecologistas.