Alcázar de San Juan es un pueblo de unos 30.000 habitantes situado en la provincia de Ciudad Real. Esta localidad se hizo famosa hace poco más de un año por la voluntad de la mayoría de su consistorio por privatizar el servicio de las aguas del pueblo, lo que provocó la ira de los vecinos, que se llegaron a encerrar en el ayuntamiento para intentar paralizar esta medida. Alcázar se lanzó a la calle ante el peligro de que el agua dejase de ser un bien de todos, una guerra muy presente en las elecciones municipales del 24-M.

La guerra del agua no solamente ha tenido lugar en Alcázar de San Juan. Las privatizaciones del servicio y los cortes a las viviendas sin recursos – en un calco de los problemas de pobreza energética – han pasado a primer plano con la composición de los nuevos ayuntamientos. Los compromisos por la remunicipalización han sido sellados en pactos pre-electorales y ampliamente solicitados en aquellos partidos que han escrito sus programas con ayuda de sus simpatizantes. Tanto Manuela Carmena como Ada Colau, en Madrid y Barcelona respectivamente, han suscrito esta necesidad, aunque sigue siendo Alcázar de San Juan el municipio que mejor ejemplifica la voluntad de recuperar el agua.

El gobierno municipal de Alcázar de San Juan compuesto por PP y los independientes de UCIN revolucionaron al pueblo en su afán por privatizar la gestión de las aguas del pueblo. Encierros de los vecinos, un referéndum y una sentencia que anulaba el contrato que había firmado el ayuntamiento para la privatización parcial de la gestión del agua fueron algunos de los episodios más destacados de esta legislatura. Las elecciones del 24-M desalojaron a ambos partidos del gobierno en base a un pacto entre PSOE e IU – a la espera de que se sume Equo -, partidos que han puesto en la remunicipalización del servicio un buen peso de su campaña.

Aumento de los cortes de agua

El agua es un derecho humano desde que la ONU lo reconociese así en 2010. Aparte de criterios de aceptabilidad y de calidad, las Naciones Unidas hablan de que el agua debe de ser un derecho asequible, y su pago no habría de impedir el acceso a otros derechos esenciales como la comida o la vivienda. La OMS estima que un ser humano necesita un mínimo de agua comprendido entre los 50 y los 100 litros diarios. Además, hay que tener en cuenta que en muchos casos, los hogares más pobres no han tenido dinero para renovar sus electrodomésticos con otros aparatos que optimicen el consumo de agua, algo que implica un mayor riesgo de pobreza hídrica.

El problema de las facturas impagadas y de los cortes de suministro es otra de las caras de la crisis. En España se estima que hay 300.000 cortes de agua anuales. Una cifra que continúa aumentando mientras los españoles siguen sin beneficiarse de los brotes verdes. A las subidas de la luz, fuente de pobreza energética, se suma la escalada de las tarifas del agua, muchas veces en manos privadas, lo que ha provocado muchas voces en favor de devolver el servicio a manos municipales. Se estima que a finales de 2015, más de la mitad de las concesiones del agua estarán en manos privadas.

Carmena y Colau, a frenar la pobreza hídrica

En Barcelona, donde el agua está en manos privadas, la factura habría aumentado en un 70% en los últimos seis años. Barcelona en Comú ha sido una de las plataformas que ha firmado el pacto social sobre el agua, una iniciativa que invita a los firmantes a la defensa de la gestión pública del agua. Sin embargo, no lo tendrá fácil, el método sería una auditoría para tratar de encontrar irregularidades y así anular la concesión.

En el caso de que no haya que remunicipalizar siempre está la cuestión de un bono social como el que se piensa aplicar – en una versión mejorada -, para los casos de pobreza energética. El programa de Ahora Madrid garantiza “los suministros básicos (luz, agua y gas) para eliminar la pobreza energética”. En materia autonómica, otros partidos como Podemos han introducido la voluntad de crear un “banco de agua” para el Canal de Isabel II en Madrid, además de “blindar” la institución para evitar que se culmine su proceso de privatización.

La llegada de las nuevas fuerzas a los ayuntamientos dará alas a estas iniciativas en su mayoría de carácter municipalista. Sin embargo, el blindaje de los contratos puede suponer un golpe para las ansias de recuperar este servicio público o un revés para las arcas municipales – ya sea a través de bonos o indemnizaciones – que cierre el grifo sus políticas para toda la legislatura.

Font: Zoomnews