Los gestores del suministro agua en Blanes (Selva) favorecieron al sector privado frente a lo público. Una juez ha dejado a un paso del banquillo de los acusados a tres responsables de Aigües de Blanes —la empresa mixta que proporciona el servicio— por actuar de forma “desfavorable a los intereses públicos” y provocar el “sobreendeudamiento” de la entidad. La sociedad adjudicó de forma irregular —a dedo, cuando debió hacerlo por concurso público— contratos por valor de un millón que, en algunos casos, beneficiaron a empresas de sus directivos.

Blanes, con sus cerca de 40.000 habitantes, es uno de los campos de batalla en la guerra del agua. Desde hace años, entidades ecologistas y partidos políticos apuestan por retirar la gestión de ese servicio esencial a las empresas privadas para ponerlo en manos de los ayuntamientos. La CUP es uno de los actores que con más vehemencia presionan a favor de la (re)municipalización del agua. Una querella de la formación anticapitalista en Girona derivó en una causa judicial que sigue abierta. Allí se indaga el presunto desvío de fondos públicos por la sociedad Agissa, que gestiona el suministro en los municipios de Girona, Salt y Sarrià de Ter.

En Blanes, la CUP también presentó una querella, pero lo hizo cuando el proceso judicial ya estaba en marcha. El caso que ahora llega a su fin comenzó, de hecho, con un informe de la Sindicatura de Comptes sobre la contabilidad de Aigües de Girona en 2011. El organismo de control constató que la sociedad mixta adjudicó 18 contratos a dedo cuando, en realidad, debió haberlo hecho mediante concurso público. La Fiscalía presentó una querella y la Guardia Civil comenzó a investigar.

Aigües de Blanes es una sociedad mixta y está participada en un 51% por el Ayuntamiento de Blanes y en un 49% por la empresa Girona SA. Esta última participa en otras sociedades dedicadas al abastecimiento de agua potable y al saneamiento en diversos municipios. Tiene la mayoría (80%), por ejemplo, en Agissa, la citada sociedad que gestiona el agua en Girona y en los municipios vecinos. En el accionariado de Girona SA figuran Agbar, Caixabank y Aqualia, la filial de FCC en el sector. Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con Girona SA.

Como Aigües de Girona no tenía estatutos propios en 2011, las adjudicaciones debían someterse a lo que dice la ley de contratos del sector público. En lugar de eso, la sociedad adjudicó de forma directa un total de 18 trabajos —de obras, servicios y suministros— a diversas empresas. Los responsables del Ayuntamiento y de la sociedad “eran conscientes de que debía regirse estrictamente” por la normativa pública. El auto judicial que ve indicios de delito y da por cerrada la instrucción, al que ha accedido EL PAÍS, detalla las 18 adjudicaciones, que suman un importe cercano al millón de euros.

Incompatibilidad

La juez subraya que hubo un “incumplimiento flagrante del régimen de incompatibilidades” por parte de Narcís Piferrer, consejero delegado de Aigües de Blanes y principal procesado. Piferrer ocupaba cargos de primer nivel en tres de las empresas que obtuvieron los contratos a dedo: Girona SA (69.000 euros), Agissa (21.882 euros) y Prodaissa (33.467 euros). Además de Piferrer, los otros dos procesados son el entonces interventor del Ayuntamiento, Francisco Lucio, y el exalcalde de Blanes en tanto que presidente de Aigües de Barcelona Josep Trias.

El consejero delegado “no ha buscado el interés” de Aigües de Blanes (de mayoría pública) sino “el beneficio de Girona SA” mediante otras prácticas que la juez considera igualmente delictivas. Piferrer suscribió préstamos y avales —por importe total de 356.603 euros— entre la sociedad mixta y Blanes Medi Ambient, empresa dedicada a la recogida de residuos. Las condiciones de esos acuerdos eran “totalmente desfavorables” para la entidad, no fueron aprobadas por el Consejo de Administración y “provocaron un sobreendeudamiento” de Aigües de Blanes.

La titular del juzgado de instrucción número 6 de Blanes, Paloma Tomás, denuncia también que se aprobara una prórroga del contrato entre el consistorio y la sociedad sin que el expediente se tramitase de forma correcta y en contra de la licitación inicial, que rechazaba expresamente cualquier prórroga. La magistrada ha dado traslado a las partes (fiscalía y defensas) para que presenten sus escritos. El auto no es firme y ya ha sido recurrido por los acusados.