Comunicado de la Taula de l’Aigua de Terrassa en relación a la puesta en marcha de la empresa “TAIGUA-EPEL”, encargada de la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua potable a los ciudadanos y ciudadanas de Terrassa. El día 10 de Diciembre de 2.018 es un momento histórico para la ciudad y una fecha para recordar.

Con el esfuerzo y participación de todas, el futuro del agua pública empieza hoy.

El proceso de remunicipalización del agua ha sido el resultado de un largo e intenso proceso que ha tenido como motor principal la propia ciudadanía. Poniendo una primera piedra con los firmantes del “Pacto por la gestión pública del agua en Terrassa”, con la complicidad de 8.000 firmas ciudadanas, mediante el trabajo a través de las entidades y colectivos ciudadanos reunidos en el entorno del Consell d’Entitats de Acción Ciudadana y del Parlamento Ciudadano de Terrassa. Como Taula de l’Aigua de Terrassa, no podemos empezar este comunicado sino dando las gracias a ese conjunto de entidades y de manera muy particular a la FAVT y las Associacions de Veïns, al Observatori Ciutadà Municipal, a la PAH-APE y al Espai Drets, también a la XES y a grupos com los Iaioflautes y Casal de la Dona, i con la complicidad de Dones d’Aigua. I también muy especial a toda la red de Aigua és Vida i al European Water Movement, actores esenciales.

Este proceso ha sido posible por el compromiso del Gobierno municipal y de los grupos politicos de la CUP, TeC, ERC i PSC que juntos forman una mayoría absoluta en el Pleno Municipal de 20 sobre 27 regidores. Ha sido el resultado de un trabajo intenso y complejo, y también creativo e innovador de los servicios técnicos y jurídicos del Ajuntament que es muy justo reconocer.

Es necesario subrayar también que este proceso ha sido una gran experiencia de colaboración y concertación. El gobierno y los grupos políticos han sido capaces de escuchar, proponer y sumar, y los grupos sociales hemos sabido aportar opiniones, ideas, propuestas y contribuir a establecer estos puntos de confianza y colaboración necesarios.

No ha sido un proceso fácil. La empresa Mina-Agbar forma parte de una gran multinacional que ha hecho del agua su negocio, y es también una empresa profundamente arraigada en la ciudad, con todo su entramado de intereses y negocios. La empresa, después de 75 años de concesión, no ha aceptado lo que establecen las leyes, que el suministro de agua potable en los hogares es una competencia municipal.

El retorno del fin de una concesión a su legítimo propietario, en este caso el Ajuntament, debería ser un proceso normal, sencillo y fácil. Pero cuando la empresa concesionaria es un “monstruo” más poderoso que el Ajuntament, con una capacidad y experiencia inmensa en litigar en los juzgados esto puede complicarse, que es lo que ha pasado.

En este caso la empresa disponía también de los trabajadores de los servicios, de toda la información sobre el servicio, del control sobre los recursos generados por el agua, de una capacidad inmensa de influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación, de los propios circulos y redes económicas de la ciudad y con la informacion anexa en la tramitación de las facturas a todos los hogares.

Han estado tramitados un conjunto importante de litigios de la propia Mina y otras instancias y grupos de interés, y el acceso a la información ha sido el gran problema a resolver, a cada paso dado en el proceso de remunicipalización le han seguido contenciosos o denuncias de la empresa o de sus circulos próximos. Numerosos han sido, los intentos de paralizar la recuperacion de la gestión del servicio mediante la demanda de medidas cautelares en los juzgados, que han hecho destinar al Ajuntament importantes recursos humanos y econòmicos de la ciudad.

Una vez las medidad cautelares solicitadas por la empresa, han sido denegadas, ha sido el momento en el que ésta ya no podía bloquear la información sin incurrir en ilegalidades y sus propios intereses se podían ver seriosamente perjudicados más allá de lo que implica la pérdida de la concesión, ha sido cuando Mina-Agbar cambia de actitud y se abre, un amplio proceso de negociación para una transición “pacífica”.

Como Taula de l’Aigua consideramos muy lamentable la primera imagen pública creada en algunos medios de comunicación en el inicio de este proceso de negociación, confundiendo a la población sobre el sentido de recuperación de un servicio público, manipulando el concepto de gestión mixta, creando imagen incorrecta de incapacidad del Ajuntament de hacerse cargo de la gestión del servicio, y peor aún, degradando el sentido de la colaboración público-privada, dando la imagen y la impresión de una capacidad de tráfico de influencias al margen de la legalidad.

Por todo ello y en un acto de responsabilidad, consideramos inevitable, y también deseable, el acuerdo con la empresa por facilitar una transición al nuevo modelo sin más conflictos. La puesta en marcha del nuevo servicio implica la subrogación de los trabajadores y trabajadoras vinculados al servicio, disponer de oficinas, talleres y almacenes adecuados y disponer de los servicios necesarios de telefonía, servicios informáticos, laboratorios, mantenimiento y suministros.

El principio de continuidad del servicio esgrimido por el Ajuntament ata estos contratos a los antiguos proveedores por un tiempo limitado, ha sido difícil imaginar otras opciones, dados los márgenes de tiempo de los cuales se disponía, y la voluntad de no poner en peligro esta continuidad, dada la capacidad limitada de los recursos municipales y la complejidad del proceso. Es evidente que todos los preparativos por la reversión se deberían haber iniciado mucho antes, y pedimos la publicación de toda la información relativa a estos acuerdos.

También es evidente que en la planificación futura mediante el Plan Director, el conocimiento de como funciona la red de distribución y los instrumentos de modelización son esenciales para poder hacer una diagnosis adecuada, el encargo de estos instrumentos a Mina, como consultora que dispone de conocimientos necesarios, no puede dar respuesta a todo el Plan, creemos que tiene que ser liderado por la nueva empresa pública y abierto a una amplia participación, con la misión no sólo de orientar el plan de inversiones, sino también de orientar la aplicación de los trece principios del agua en la ciudad.

Creemos que la colaboración público-privada es necesaria, siempre mediante concursos públicos puntuales para los diferentes servicios que la empresa pública tiene que buscar en el mercado, y se han de hacer con la transparencia y la libre concurrencia que establece la ley. Las funciones del Secretario y el Interventor del Ayuntamiento, así como el necesario control social han de garantizar que así sea. Tomando en consideración que la colaboración público-público (exenta de interés de lucro), tiene que ser un instrumento prioritario para proveer estos servicios.

Somos conscientes que la recuperación de un servicio público no acaba con la adaptación de éste a lo que la ley prevea como gestión pública, es este el momento donde nos encontramos y podríamos decir, que se concreta el dia 10 de Diciembre de 2.018. A partir de aquí se inician unas nuevas dimensiones, la que tiene que ver con la recuperación efectiva del servicio, la adaptación de los trabajadores al nuevo marco de trabajo, de integración de un nuevo equipo gerencial, de integración efectiva de toda la información y el conocimiento necesarios a la nueva empresa pública, de los sistemas técnicos, informáticos, de comunicación, medida, facturación y control de todos los sistemas, y más allá de ello, de apropiación de todos los conocimientos sobre la red, los sistemas e incluso la memoria del servicio. Éste es un proceso necesario que implica tiempo y trabajo.

Y otra dimensión, la que tiene que ver con el desarrollo de los trece principios que han de regir la gestión del servicio público de la ciudad. Estos principios tienen que ver con el trabajo encomendado al Observatorio del Agua de la Ciudad y que se concreta en el diseño y despliegue de la nueva política y la nueva cultura del agua en la ciudad, en los ámbitos de la mejora permanente de la eficiencia y la eficacia del servicio, de la mejora de la calidad del agua, de la lucha contra el cambio climático y de la previsión de políticas de adaptación y de protección de los ecosistemas acuáticos, que han de pasar por la captación, por el consumo responsable y la reutilización.

Tenemos que desplegar todo lo que tiene que ver con el Derecho Humano al agua y el precio justo, en relación al acceso al agua, pensando en un sistema tarifario que integre el concepto de justicia social y Derecho Humano. Tenemos que desplegar sistemas de información y comunicación, y también, de baterías de indicadores que faciliten el accesos a la información y a su interpretación.

Y por todo ello, hemos de construir una nueva cultura del agua, basada en la colaboración entre los espacios ciudadanos, el mundo educativo, el mundo académico y universitario, los grupos políticos, el gobierno de la ciudad y el órgano gestor, hemos de hacer de la colaboración y la responsabilidad, el eje de esta nueva cultura.

Taula de l’Aigua de Terrassa

10 de desembre de 2018